La Constitución paraguaya de 1992 en su artículo 60, obliga al estado paraguayo a promover políticas que tengan por objeto evitar la violencia en el ámbito familiar y otras causas destructoras de su solidaridad. Consecuentemente se ratificó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra la mujer,
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